El año que entra llega para miles de migrantes que residen legalmente en Estados Unidos con un inesperado dilema: o se separan de sus familias y regresan al país del que salieron o continúan viviendo con sus seres queridos, pero en las sombras, como indocumentados, expuestos a la detención y deportación por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés). Son los ciudadanos de siete países —Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras— que ingresaron de forma legal como parte del programa Parole de Reunificación Familiar, a los que el Gobierno de Donald Trump ha dado un mes para que abandonen el país.

El 14 de enero es la fecha límite para que salgan de Estados Unidos de forma voluntaria, después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cancelara el FRP el 12 de diciembre. El DHS justifica su terminación como una forma de acabar con el fraude. “Los programas FRP presentaban fallos de seguridad causados ​​por una verificación insuficiente de los antecedentes, que podían ser aprovechados por personas malintencionadas y fraudulentas para entrar en Estados Unidos, lo que suponía un nivel de riesgo inaceptable para el país”, dijo el DHS en el comunicado.

Fuente: EL PAÍS