Hace dos días el Presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva que ha generado muchos comentarios e inconformidad dentro de la comunidad cubana. Un número aproximado de 46,000 ciudadanos de ese país han sido considerados con pruebas del Homeland Security para ser deportados a la isla mayor, Cuba.
La figura legal que utiliza esta agencia del gobierno federal es el fraude, ya que los afectados lograron su estatus legal en los Estados Unidos argumentando “persecución política a riesgo de sus vidas” en la mayoría de los casos. En su casi totalidad por medio del asilo político lograron residencia permanente e inclusive la nacionalidad estadounidense. La incongruencia, según autoridades de la administración Trump, es que pocos meses o semanas después de haber logrado la estabilidad migratoria compraron boletos de avión y visitaron Cuba, no una sino docenas de veces en el transcurso de los años.
Resulta contradictorio, según personeros de Trump, que una persona que ha alegado que su vida peligra, regrese al lugar en donde la puede perder. Es a todas luces un ardid, un engaño que le ha costado al erario de los Estados Unidos cientos o quizás miles de millones de dólares. Por eso la decisión radical de deportar a los 46,000 cubanos que mintieron resulta ser la medida más justa para los contribuyentes estadounidenses, apuntaron.
