Auditorías revelan que sus agentes lavaron dinero del narco, vendieron secretos a los capos, robaron la droga que debían destruir y operaron en el extranjero sin que nadie los vigilara.

Un comando del cártel de Los Zetas quemó casas y secuestró a familias enteras en marzo de 2011, en Allende, Coahuila. Las cifras nunca terminaron de cuadrar: se habla de entre 60 y 300 víctimas.

Tras los hechos, se documentó que la matanza fue debido a que los hermanos Treviño Morales, líderes de esa organización, descubrieron que entre sus filas se había dado una supuesta traición al colaborar con agentes estadunidenses a los que les proporcionaron información sobre las actividades de la banda criminal.

Lo que no se tenía claro es que el origen de esa presunta traición fue en realidad una filtración de información que salió de una unidad policial mexicana entrenada y apadrinada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Una década después, en 2021, la propia Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia estadunidense, entidad independiente que supervisa a todos los agentes, concluyó por escrito en agosto de ese año –en la auditoría 21-109– que la supervisión que la sede de la DEA ejercía sobre las Unidades de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés) que apadrina en el extranjero y están integradas por agentes locales, era insuficiente para el entorno de altísimo riesgo en el que operaban.

Fuente: MILENIO