Hace menos de un mes, el Gobierno de Costa Rica aceptó recibir hasta 25 personas deportadas o expulsadas desde Estados Unidos por semana. Aproximadamente 100 personas al mes que quizás huyeron de situaciones de violencia en sus países, de una persecución política o religiosa, o del hambre, el desempleo y la desesperanza por falta de oportunidades. Como podría hacerlo cualquiera de nosotros, esas personas arriesgaron todo para sentirse a salvo o en busca de una vida mejor.

Una vez en suelo costarricense, no hay garantías de que sus derechos serán plenamente respetados. En la práctica, están siendo tratadas como objetos. Las autoridades usan eufemismos, disfrazan sus acciones de supuesta ayuda humanitaria, sin embargo, esto no es real: darles hospedaje y alimentación por siete días no les resuelve su situación ni sus necesidades de protección.

Fuente: EL PAÍS